La importancia de la tributación y su correcto registro contable

La normativa tributaria exigió que toda operación estuviera sustentada en comprobantes de pago y registrada en libros contables autorizados, y ante la ausencia de dicho respaldo, la Administración Tributaria presumió omisión de ingresos o uso indebido de crédito fiscal. Llaque Sánchez y Llave Angulo señalaron en 2022 que la contabilidad no fue un simple requisito formal, sino el medio probatorio que vinculó el hecho económico con la obligación tributaria, dejando indefensa a la MYPE ante un proceso de fiscalización cuando el registro fue deficiente. La problemática se agravó debido al impacto directo que tuvieron las sanciones en la liquidez de las MYPES. Los procesos de fiscalización de SUNAT derivaron en reparos tributarios, multas equivalentes al 50% del tributo omitido e intereses moratorios según lo establecido en el Código Tributario. La Superintendencia reportó que, solo en 2024, se emitieron más de 180 mil órdenes de pago y resoluciones de multa a MYPES por inconsistencias entre lo declarado y lo registrado en sus libros. Para unidades productivas con capital de trabajo limitado, estas cargas comprometieron su continuidad operativa e incluso provocaron el cierre temporal de establecimientos. Se documentó el caso de una MYPE textil de Gamarra que, tras una fiscalización, recibió una determinación de deuda por S/ 87,000 entre tributo omitido, multa e intereses. Al no contar con libros contables que sustentaran sus costos de producción, la empresa no pudo desvirtuar la presunción de SUNAT y tuvo que acogerse a un fraccionamiento que absorbió el 35% de su flujo de caja mensual durante 18 meses, limitando su capacidad de compra de insumos. Una investigación publicada en la Revista Económica y Negocios en 2025 concluyó que las empresas de transporte, minería y construcción de Huaraz que implementaron un control tributario articulado con su gestión contable redujeron en más del 60% sus reparos ante SUNAT y mejoraron su calificación crediticia. El estudio evidenció que un registro contable ordenado no solo evitó sanciones, sino que se convirtió en sustento para acceder a fraccionamientos y líneas de crédito para capital de trabajo. A nivel macroeconómico, la evasión tributaria generada por la informalidad contable representó una dificultad constante para la administración pública. El Ministerio de Economía y Finanzas estimo que la brecha de incumplimiento en el IGV de las MYPES superó el 40% en 2023. Esta menor recaudación afectó la calidad de los servicios públicos, especialmente en salud y educación, impactando en mayor medida a los sectores vulnerables que dependían de dichos servicios. Desde esta perspectiva, la informalidad contable no constituyó únicamente una falta legal, sino también una acción que debilitó la solidaridad fiscal y el bienestar colectivo.